Trabajo sobre daño ambiental

Publico, debajo, un texto sobre daño ambiental en la legislación argentina y unas consignas para responder utilizando sus propias palabras (Pueden utilizar procesador de textos, pero no se limiten a copiar y pegar) También pueden descargarlo en formato Word, haciendo click en el enlace.
Dado que van a hacer el trabajo en sus casas, no hace falta que impriman el texto. Alcanza con que lo tengan en su PC.

EL DAÑO AMBIENTAL EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA (Click para descargar)

TRABAJO SOBRE DAÑO AMBIENTAL - CONSIGNAS PARA RESPONDER

1. ¿Cuál es la referencia constitucional al daño ambiental?
2. Daño ambiental: definición legal, clasificaciones según la doctrina.
3. ¿Quiénes pueden reclamar por daño ambiental según el mismo sea individual o colectivo?
4. ¿Qué condiciones deben cumplirse para considerar que existe daño ambiental?
5. ¿Qué debe tenerse en cuenta para cuantificar el daño ambiental?
6. ¿En qué casos debe responsabilizarse al Estado?

Art. 41 de la Constitución Nacional:  “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.”

1) ENCUADRAMIENTO JURIDICO DEL CONCEPTO DAÑO AMBIENTAL

El artículo 27 de la Ley General del Ambiente define al daño ambiental como “toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos”.

BUSTAMANTE ALSINA aclara que “daño ambiental” es una expresión ambivalente, ya que designa no sólo el daño que recae sobre el patrimonio ambiental, que es común a una colectividad (hablamos del impacto ambiental), sino que también se refiere al daño que otro produce en el medio ambiente, y “el medio ambiente ocasiona de rebote a los intereses legítimos de una persona determinada, configurando un daño particular que ataca un determinado derecho subjetivo, y legitima al damnificado para accionar en reclamo de una reparación o resarcimiento del perjuicio patrimonial o extrapatrimonial que le ha causado”. Un ejemplo del primero, el daño ambiental propiamente dicho, sería un derrame de petróleo en el medio del mar. En cambio, al segundo se lo llama “daño a través del ambiente”, y un ejemplo sería el caso de los vecinos, que por el agua contaminada por un fábrica, se enfermen por beber de ese agua. La distinción puede hacerse basándose en la distinción de las consecuencias. Ya que en el daño ambiental el afectado es la colectividad y el propio medio ambiente, y en el daño a través del ambiente, la lesión se configura a una o varias personas concretas.

Cabe destacar que no cualquier alteración al ambiente, entra en la categoría de daño ambiental, sino que es necesario que la degradación exceda los límites de la normal tolerancia. Por ejemplo, no puede considerarse daño ambiental la simple poda de las ramas de un árbol de jardín, en cambio, sí lo será la tala masiva de árboles. La cuestión radica en ¿Cuándo se excede el límite de la normal tolerancia? Esto será una cuestión de hecho, y que dependerá de las circunstancias de cada caso particular

Según Enrique Carlos Meller el daño ambiental puede configurarse en 3 ordenes o categorías:

1) Destrucción o deterioro de los factores físicos naturales de una determinada especie, a través de procedimientos mecánicos empleados para reemplazar las condiciones naturales del ambiente (desplazamiento de la vegetación, destrucción de la cubierta vegetal y del suelo, de macizos boscosos, del hábitat natural de diferentes especies).

2) Degradación o contaminación de los elementos biológicos de determinados ecosistemas naturales, por la introducción del ciclo ecológico de sustancias químicas de alta toxicidad, o de materiales sintéticos o de gases resultantes de procesos industriales que descomponen y liberan diferentes componentes nocivos tanto para el equilibrio natural, como para la salud y bienestar de la población. Es lo que se conoce como polución o contaminación.

3) La degradación del espacio social tanto urbano como rural, la acumulación de basuras, desperdicios y desechos sólidos no biodegradables, el abandono de elementos malolientes y la producción incontrolada de ruidos y vibraciones, que por su intensidad alteran las condiciones mínimas para el buen funcionamiento de la vida social y ocasionan daños a la salud de la población .

Sin perjuicio de ello, entendemos que a más, no obstante lo difícil que resulta intentar nominar todas las circunstancias que dan origen a este tipo de daños, también se configura cuando en vez de preservar se destruye el patrimonio histórico, cultural y artístico, cuando se aniquila el paisaje y cuando en la comercialización de productos por los contaminantes utilizados en éstos, se lesionan los ámbitos domésticos tanto urbanos como rurales.

2) PERSONAS LEGITIMADAS PARA RECLAMAR POR DAÑO AMBIENTAL:

Al tratarse de un interés difuso surgen numerosos interrogantes.

Como consagra el articulo 41 de la CN, “todos los habitantes gozan de un derecho a un ambiente sano. El artículo 30 de la LGA distingue:

1. Daño particular o “a través del ambiente”: se afecta individualmente al titular de un derecho subjetivo el cual tiene una legitimación resarcitoria individualizada por medio de la acción de recomposición o indemnización. Dice la norma “quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.”

2. Daño ambiental de incidencia colectiva que habilita una legitimación colectiva de recomposición. Están legitimados para interponer la recomposición del ambiente:

-El afectado: reúne tal carácter “…cualquier persona que acredite `interés razonable y suficiente´ en la defensa de aquellos intereses colectivos que por ello mismo son supra individuales”. Corresponderá a los jueces examinar en cada caso concreto si las circunstancias invocadas dan a lugar a dicho interés o no. No debemos confundir al afectado con el damnificado. A diferencia de este último el afectado no ha sufrido daño alguno, sino que se encuentra en peligro o dentro del ámbito potencial de ser dañado.

En la doctrina se le ha dado distinto alcance a este concepto. Una postura amplísima lo equipara a todo habitante, una segunda corriente, denominada amplia, lo interpreta como sinónimo de vecino, debiendo acreditar un mínimo de interés razonable y suficiente, y por último la concepción restringida que lo equipara al concepto de damnificado.

Cualquier reclamo que quieran realizar quienes no tienen un interés suficiente, puede ser presentado ante el Defensor del Pueblo o a alguna asociación de defensa del ambiente lo que justifica su legitimación.

- El defensor del Pueblo

- Las Asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental

- Estado Nacional, Provincial o Municipal

- Algunos consideran además legitimado el Ministerio Publico tanto nacional como provincia para la representación de los derechos de incidencia colectiva.

3. Cesación: cualquier persona podrá solicitar, mediante una acción de amparo, el cese de las actividades que causen el daño ambiental colectivo (art. 30, 3er párrafo, LGA). Esta ampliación de la legitimación se basa en el artículo 43 de la Constitución Nacional.

3) PRESUPUESTOS (CONDICIONES QUE DEBEN DARSE) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN MATERIA AMBIENTAL:

A) DAÑO: El presupuesto fundamental para la atribución de responsabilidad es la existencia de un daño ambiental. Todas las consecuencias perjudiciales que sean provocadas deben resarcirse, ya se trate de daño patrimonial o material, entendido como el “perjuicio susceptible a apreciación pecuniaria” (Art. 1068 Código Civil), sea directo (sobre sus cosas) o indirecto (por el mal hecho a su persona), o se trate de un daño moral “la minoración subjetiva que deriva de la lesión a un interés espiritual no ilegítimo”, que compromete lo que el sujeto “es”, por lo que no se reduce sólo al dolor, sino que abarca también el honor, la angustia, la dignidad, la tristeza, la frustración (por lesión a proyectos…), pensamientos, es decir cualquier consecuencia negativa de carácter espiritual[7].

B) ANTIJURICIDAD: es la contradicción de un hecho con el ordenamiento jurídico considerado en su conjunto. .No existe un derecho a contaminar (tampoco uno a contaminar y pagar) por esto, creemos que no caben dudas de que la afectación al medio ambiente es antijurídica, por ser una actividad contraria a derecho considerada objetivamente. Incluso en el caso de que se cuenten con una “autorización administrativa” y se pruebe haber cumplido con las reglamentaciones vigentes[8]. Esto se funda en el artículo 2618 Cód. Civ. que señala que tal permiso es insuficiente para exonerar de responsabilidad y en lo dicho por la jurisprudencia de que resulta imposible aceptar que como consecuencia de una actividad, o de una omisión de las autoridades a cargo del ejercicio del poder de policía, puede tolerarse la violación del deber de no dañar.

C) FACTOR DE ATRIBUCION: es la razón legal que justifica la responsabilidad. La LGA consagra la responsabilidad objetiva. La única posibilidad de eximirse de la responsabilidad, será acreditando que “a pesar de no haber habido culpa, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima, o un tercero por quien no deba responder” (art. 29 LGA).

Existe un amplio consenso sobre el factor objetivo de la responsabilidad por daño ambiental: el riesgo. Consiste en una seria previsibilidad abstracta y genérica de causación de daños y supone que quien es dueño de cosas o realiza actividades que agraven el peligro de dañar, debe responder por los daños que ellas originen a terceros. El artículo 1113 Cód. Civ., que consagra la responsabilidad objetiva, impone la obligación determinada de impedir que la cosa perjudique a terceros, por ello, cuando el daño se produce por el hecho de la cosa, esto prueba la infracción de dicha obligación. Lo que se busca con esto es generar una responsabilidad presumida, de la que sólo pueda liberarse con la prueba de la causa extraña.

D) RELACIÓN DE CAUSALIDAD: es la conexión fáctica necesaria entre la acción y el resultado. Es el vínculo que permite atribuir un resultado, a un hecho que es su origen.

La doctrina ha esbozado varias teorías a propósito de la relación causal y no es lugar aquí para realizar una exposición exhaustiva de las mismas, solo haremos una pequeña síntesis : equivalencia de las condiciones (el daño se produce por la sumatoria de todas las condiciones que contribuyen a producirlo), de la causa más próxima (la condición más cercana desde el punto de vista temporal), de la causa eficiente (la condición más eficaz) y de la causalidad adecuada (condición idónea para producir el resultado, según la normal experiencia). En materia ambiental, acreditar esa relación es de suma complicación por el carácter expansivo del daño (a niveles temporal y espacial) y su complejidad. Pero esta dificultad no puede servir de excusa para que los contaminantes eludan su responsabilidad, es por esto que esta rama del Derecho se ha flexibilizado, aproximándose al criterio de la equivalencia de las condiciones, en el que cada condición necesaria tiene el mismo valor.

4) CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL

En la tarea jurisdiccional de determinar las indemnizaciones nos adherimos ampliamente a los parámetros a considerar propuestos por ENRIQUE PERETTI que son:

A) La magnitud del daño: su irreparabilidad, afectación de recursos naturales, salud, biodiversidad y ecosistema.

B) Período de tiempo en que se desarrollo la actividad contaminante

C) Características del responsable

D) Rentabilidad de la actividad contaminante

E) Costos de producción que se externalizan

F) Comunidad afectada

G) Vinculación económica y cultural de la sociedad con el recurso afectado

H) Paisaje afectado

I) Previsibilidad de los efectos de la acción contaminante

J) Culpa o dolo del agente

K) Posibilidad tecnológica de evitar o atenuar los efectos contaminantes

5) RESPONSABILIDAD OMISIVA ESTATAL

La responsabilidad del Estado cuando actúa directamente como agente dañador no presenta dificultad alguna, porque se rige por las normas del Derecho común y la legislación especial, es decir que aplicaremos las mismas reglas si el causante del daño es un particular, una empresa o una organismo estatal. Pero como pesa sobre el Estado un deber más amplio (en su carácter de titular del poder de policía), los problemas surgen a la hora de determinar su supuesta responsabilidad en los casos en los que es obligatorio (hasta razonable) exigir su actuación. CASSAGNE señala que habrá responsabilidad estatal por omisión, cuando sea razonable esperar que el Estado actúe en determinado sentido para evitar daños, y no lo haga. Será necesario que se trate de una obligación concreta y no de un deber genérico, es decir, de una obligación cuyo cumplimiento pueda ser compelido a la Administración. LLAMBÍAS dice que si se comprueba que la acción de quien se abstuvo hubiera bastado para evitar el daño, habrá obligación de resarcir.

La tendencia actual desde la jurisprudencia es limitar la responsabilidad a los casos puntuales en los que pueda exigirse la intervención estatal. Existe un mandato Constitucional expreso (el artículo 41) que obliga al Estado a proveer a la protección de los derechos allí consagrados (medio ambiente sano y equilibrado, desarrollo sustentable etc.) y que establece que el poder de policía ambiental, será compartido entre la Nación y las provincias. Con respecto al deber de preservación ambiental, la tendencia actual indica que el papel del Estado es activo y que no debe descuidar sus obligaciones principales: formular reglas, actuar como árbitro, ejercer un control exhaustivo de las actividades propensas a dañar el ambiente, establecer los límites de las conductas antisociales, inducir a la comunidad a disminuir la agresión ambiental, entre otros.